El 22 y 23 de septiembre de 2015 se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, la XCIX Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común (GMC). El punto más importante del encuentro fue la presentación de una propuesta para negociar un “Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra – MERCOSUR”, que será examinado por el Subgrupo de Trabajo N°12 (Inversiones).
Si bien el MERCOSUR suscribió en 1993 un acuerdo para promoción y protección recíproca de inversiones intrabloque y en 1994 otro para el tratamiento de los flujos con el resto del mundo (Protocolos de Colonia y Buenos Aires, respectivamente), ambos fueron derogados antes de su entrada en vigor.
La propuesta presentada por Brasil se asemeja a los Acuerdos sobre Cooperación y Facilitación de Inversiones (ACFI) suscritos por ese país con México, Colombia, Mozambique, Malawi y Angola durante los últimos meses. El acuerdo solamente abarcaría a las inversiones directas y establecería compromisos sobre no discriminación, condiciones sobre expropiación y compensación por pérdidas, transparencia, intercambio de información entre Estados, cooperación entre organismos encargados de la promoción de inversiones, una agenda regional para mayor cooperación y facilitación de inversiones, entre otros temas. La propuesta prevé la libre transferencia de recursos relacionados con la inversión en moneda nacional o convertible pero contempla la posibilidad de restringir temporalmente dichos flujos en caso de crisis de balanza de pagos, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
Por otra parte, establece consideraciones sobre lucha contra la corrupción y la ilegalidad y dispone que los inversores deberán realizar esfuerzos en materia de responsabilidad social empresaria.
Sin dudas, la diferencia más relevante respecto de los protocolos previos y los acuerdos bilaterales de inversión ya suscritos por los países del MERCOSUR es el sistema de solución de controversias.[1] La propuesta brasileña prevé la resolución de disputas entre Estados en el marco de lo estipulado por el Protocolo de Olivos, en lugar del sistema tradicional en el cual los inversores privados pueden demandar a los Estados ante tribunales nacionales e internacionales.
Se destacan asimismo otros progresos en la reunión del GMC: se acordó el formulario que se utilizará para identificar las restricciones a la libre circulación de mercancías en el comercio intrazona o con terceros países en el marco del Plan de Acción para el Fortalecimiento del MERCOSUR Comercial y Económico, acordado en julio pasado. Dicho Plan fue identificado como la primera prioridad de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay (PPTP) para el segundo semestre de este año. Los formularios con las medidas identificadas deberán ser presentados antes del 16 de noviembre de 2015.
Asimismo, se examinaron las disposiciones para el funcionamiento del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
En lo que concierne a la adopción del acervo normativo del MERCOSUR por parte de Venezuela, la información recopilada por la Secretaría del MERCOSUR indica que aún hay 179 normas pendientes de implementación por parte del país caribeño, 155 de las cuales ya deberían haber sido adoptadas.
[1] Si bien todos los países suscribieron este tipo de acuerdos, en Brasil nunca entraron en vigor por no haber sido ratificados por el Parlamento. Justamente uno de los puntos más controvertidos era el sistema de solución de controversias.
