No hay mejor estrategia de inclusión social que la creación de puestos de trabajo genuinos y de calidad. A esa conclusión arribaron los especialistas reunidos los días 25 y 26 de septiembre en la Universidad de Columbia, ciudad de Nueva York. El encuentro “Ideas inspiradoras para reducir la brecha de desigualdad en las Américas” estuvo organizado por el INTAL y tuvo como finalidad reunir a expertos de diversos países del continente para presentar y debatir iniciativas caracterizadas como “elevadores de impacto social”, es decir, acciones que hubieran resultado en una reducción de la desigualdad en la región.
Dimensiones de la desigualdad y la inclusión
Christopher Sabatini, Profesor de Columbia y ex Director de Americas Quarterly se centró en la necesidad de rediseñar los indicadores para medir la desigualdad social. El expositor presentó un índice que incorpora la medición de una amplia serie de variables vinculadas con las siguientes cuestiones: el crecimiento del PBI, el porcentaje del PBI invertido en programas sociales, el respeto a las libertades civiles, el respeto a derechos de las mujeres y de la población LGTB, la inclusión financiera, la participación ciudadana, el porcentaje de la población con acceso a un empleo formal, el acceso a una vivienda adecuada, la matriculación en la escuela secundaria, el ejercicio de los derechos políticos, el porcentaje de la población que vive con más de U$D 4 por día, el empoderamiento personal, y la eficacia del gobierno. El índice maneja una concepción de la igualdad que la emparenta a la igualdad de oportunidades.
El acceso a servicios financieros es clave para crear empleos formales. Sobre esta temática expuso Santiago Peña, Ministro de Hacienda de Paraguay, quien comentó que diversas cuestiones vinculadas con la baja densidad poblacional y la particular geografía del Paraguay implicaban que los costos de transacción financiera fueran extremadamente altos en ese país. Ante esto, el gobierno se propuso desarrollar políticas innovadoras que permitieran superar la exclusión financiera de maneras poco convencionales, para lo cual desarrolló una “estrategia nacional de inclusión financiera”, en conjunto con varios organismos internacionales. La financiarización de los sectores populares tiene aspectos positivos, en tanto es una manera de incluirlos en los circuitos económicos.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, Jan Perry, Gerente del Departamento de Desarrollo Económico y Laboral de Los Ángeles, disertó acerca de las estrategias del gobierno de esa ciudad para la reducción del desempleo y la desigualdad de ingresos. Jerarquizó la importancia de trabajar con dos herramientas específicas: el incremento del salario mínimo y el esfuerzo sostenido para reinsertar laboralmente a los sin techo, los ex convictos y las personas con necesidades especiales. Perry afirmó que, como efecto de estas políticas, a lo largo de los últimos 5 años se pudo reinsertar a 24.000 adultos en el mercado laboral, y 11.000 jóvenes retomaron sus estudios secundarios o encontraron trabajo. El gobierno de la ciudad de Los Ángeles también generó una aplicación para celulares que nuclea a los centros de búsquedas laborales (worksource centers) y que permite a la comunidad tener la información sobre empleo y capacitación literalmente “en la palma de su mano”.
Integración productiva: el mayor vector de la igualdad
En materia de inclusión social, el caso Cubano muestra matices interesantes. Juan Triana, Profesor de la Universidad de la Habana y del Instituto Superior Politécnico de Cuba, se centró en el análisis de las formas a través de las cuales el mercado laboral puede ser agente de inclusión social. El expositor enfatizó la importancia de la regulación estatal de este mercado para garantizar que funcione como herramienta de inclusión y que efectivamente aporte al incremento de los niveles de vida de la población. En esto, aseveró, juegan un rol fundamental los incentivos para la creación de empleo. Luego se refirió a la experiencia cubana reciente de reapertura del sector privado y comentó que ésta ha arrojado una mejoría, aunque tímida, en las condiciones de vida de los sectores involucrados. Su colega, Ricardo Torres, Profesor e Investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, también expuso un desafío similar. En particular se centró en la importancia de crear empleo de calidad como forma de fomentar el desarrollo social. El disertante comenzó por comentar que, mientras que en el año 1989 el índice de Gini en Cuba era de 0.24, en la actualidad se ubica en torno al 0.4. Torres lamentó esta “latinoamericanización” de Cuba.
Los expositores estuvieron de acuerdo en que la productividad del trabajo es una variable clave a la hora de medir el desarrollo económico. Al respecto, Sebastián Torres, Director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, comenzó sosteniendo que la distancia es lo que define a la desigualdad y propuso centrarse en el análisis de esta brecha en términos productivos. Sostuvo que la distancia entre las economías latinoamericanas y las centrales no radica sólo en los niveles de productividad de cada una sino en qué es lo que se produce: “dime lo que produces y te diré qué grado de desarrollo puedes alcanzar”, afirmó. En este marco, argumentó que las políticas sociales pueden fácilmente eternizarse como políticas mitigadoras a menos que se desarrollen políticas específicas para cambiar el modelo productivo. A diferencia del sistema vigente actualmente en el Uruguay, propuso una matriz en la que la energía ya no se obtenga del exterior del sistema sino que se autogenere en la misma fábrica. En este marco, comentó que las políticas en favor de la energía renovable son clave en ese país, en el cual un 50% de la matriz energética tiene estas características, y que tienen un estatuto de “políticas de Estado”.
El caso de Bolivia fue analizado por Fernando Rios-Avila, Investigador del Levy Economics Institute, quien se centró en el análisis de las causas de la inequidad laboral. El expositor partió de constatar que a lo largo de la última década se han reducido tanto la desigualdad general, medida a través del índice de Gini, como la desigualdad de salarios, particularmente en el territorio urbano. Sostuvo que esto se ha debido a cambios profundos en la estructura salarial en las ciudades, que se expresaron principalmente en un gran crecimiento de los salarios más bajos y, de manera secundaria, pero también significativa, en una reducción de los salarios más altos. Rios-Avila sostuvo que la reactivación económica ha impulsado el crecimiento en la demanda de la mano de obra en favor de las ocupaciones que requieren menor calificación, lo que ha impactado también en el nivel de los salarios más bajos, reduciendo la desigualdad salarial global.
Una dimensión central es la relación entre desigualdades territoriales y emprendimientos productivos. Esta fue la tesitura de la exposición de Cristian Breitenstein, Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. El ministro presentó la experiencia de la provincia en la creación de polos industriales para la equidad, los cuales se triplicaron entre 2008 y 2015. Estos parques han sido fuertes generadores de empleo, tanto directo como indirecto, y se conciben básicamente como una política de desarrollo federal. En términos de reducción de las desigualdades, esta iniciativa ha apuntado también a morigerar la histórica desigualdad entre centro e interior de la provincia, dado que el 80% de los parques creados se situaron fuera de las metrópolis.
El cierre del panel estuvo a cargo de José Adán Aguerri, Presidente del COSEP y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, quien resaltó los beneficios de la asociación entre el gobierno y el sector privado en términos de desarrollo económico nacional. El panelista sostuvo que durante los últimos 5 años en Nicaragua los empresarios y el gobierno han estado trabajando juntos y que esto ha redundado en beneficios concretos para la población.
Buscar soluciones compartidas
Las distintas presentaciones mostraron experiencias, preocupaciones y contextos institucionales distintos, pero en términos generales pueden establecerse hilos conductores o preocupaciones comunes. En primer lugar, la centralidad de los empleos de calidad como vector insoslayable de integración social y factor clave para la disminución de la desigualdad. En tal sentido, es necesario redoblar esfuerzos para llegar a los sectores más excluidos: respecto de algunos sectores, puede decirse que es un tema presente en la agenda de América Latina (lo cual no quiere decir que se hayan solucionado los problemas planteados) como sucede con la particular desigualdad que sufren los afro-descendientes y pueblos originarios. En otros casos, en particular las experiencias norteamericanas traen a nuestro debate la situación de poblaciones también fuertemente excluidas pero no lo suficientemente presentes en nuestras políticas de inserción laboral con calidad: personas en situación de calle, ex presidiarios, personas con dolencias mentales crónicas y con necesidades especiales, en particular de tipo cognitivo. El derecho a un trabajo de calidad tiene que incluir necesariamente a todos los grupos excluidos y esto es sin duda un importante aprendizaje que precisa ser incluido en las agendas locales.
En segundo lugar, la tributación es un elemento central para que los estados tengan fondos para las políticas y en este sentido, en varios países la base de captación es baja y en casi todos, los sistemas son regresivos: las transformaciones no son simples, sino que implican por un lado, desafíos institucionales importantes, de la coordinación de las distintas agencias del estado, de los niveles subnacionales y de partenariados público y privado, como destacó Maria Victoria Murillo, profesora de Columbia, en sus conclusiones del panel. Por otro lado, en relación con el desarrollo económico, precisamos un grado de creatividad e innovación importante, en cuanto es preciso pensar de modo diferente las articulaciones entre sector primario, secundario y terciario; estar atento a los desafíos medio-ambientales, a las agendas y a poder responder de modo cabal a las reivindicaciones de los diferentes grupos y movimientos sociales.
Esto lleva necesariamente a otra cuestión que se hizo de algún modo presente en las distintas presentaciones: la multidimensionalidad de la desigualdad y de la integración. Eso implica que los indicadores para medirla, las políticas para lograr su disminución, la articulación entre distintas agencias del estado, las alianzas entre sector público y privado para avanzar en cada uno de los múltiples terrenos, son unos de los mayores retos que nuestros gobiernos y sociedades enfrentan. Seminarios como estos, contribuyen a compartir experiencias y soluciones encontradas a una multiplicidad de desafíos y en constante mutación.
