Noviembre, 2016

Conferencia internacional: el rol de las instituciones en el desarrollo

By Federico Mazzella Noviembre, 2016
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  Actividades que Inspiran n243

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Especialistas compartieron los resultados de sus estudios en los que analizaron, desde un enfoque multidisciplinario, el cruce entre el derecho y desarrollo sustentable.

El Instituto de Derecho y Desarrollo (Law and Development Institute), la Universidad Austral y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), del Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, coauspiciaron la Séptima Conferencia Anual en Derecho y Desarrollo que tuvo lugar los días 21 y 22 de octubre de 2016 en la Sede Buenos Aires de dicha casa de estudios.

La Conferencia, que tiene una larga tradición en Estados Unidos y Europa del Norte, fue la primera reunión científica sobre Derecho y Desarrollo realizada en América Latina. El evento reunió treinta destacados académicos y expertos de América del Sur y del Norte, África, Asia y Europa enfocados en la relación entre las formas y la vigencia del derecho y el desarrollo. Comercio, integración, derecho internacional, la evolución del multilateralismo, medio ambiente, estado de derecho y corrupción fueron algunas de las cuestiones abordadas en profundidad en el evento, cuyos materiales están disponibles para el público.

Esta nota resalta únicamente tres temas discutidos en la Conferencia, relacionados con aspectos cruciales de los procesos de integración y del sistema comercial internacional.

Integración regional: La voz de los latinoamericanos

En su conferencia inaugural, Gustavo Beliz, Director del INTAL, resaltó el creciente interés en amplias franjas de la población mundial por los procesos de integración. En Sudamérica, un creciente activismo negociador, centrado en avances en torno al vínculo MERCOSUR-Unión Europea, y en la aproximación del primero con la Alianza del Pacífico, se ve acompañado por movimientos favorables de opinión pública en torno a los procesos de integración. En efecto, una publicación reciente, “El ADN de la integración regional”, surgida de la alianza estratégica entre el INTAL y Latinobarómetro, muestra aspectos interesantes de la voz de los latinoamericanos al respecto.

Más allá de los resultados específicos de la mencionada investigación -que cruza variables subjetivas y objetivas en torno a los procesos de integración- el primer punto destacado fue la importancia de este enfoque en la actual coyuntura de los procesos de globalización y, en particular, de su expresión en América Latina y el Caribe. El trabajo se propone implementar una metodología que permita captar las percepciones y las orientaciones de la opinión pública respecto a estos temas, es decir, construir un instrumento de medida (un “barómetro”) que genere un flujo de información útil para comprender, no solo las valoraciones que las sociedades hacen de los procesos de integración, sino un medio para entender las características de la demanda de integración que tienen. Este último aspecto debería ser una herramienta útil para orientar a los hacedores de política.

Un dato específico surgido del estudio es llamativo. A diferencia de incipientes corrientes de opinión pública en varios países, donde hay indicios de insatisfacción con los procesos de integración, y donde comienzan a surgir presiones proteccionistas, en América Latina 89% de los encuestados se mostraron favorables a los mismos. Más específicamente, 77% de los latinoamericanos apoya la integración económica, cifra incluso mayor que el 60% que apoya la integración política.

Se trata, pues, de una región favorable a estos procesos, aunque, por supuesto, estos resultados agregados incluyen divergencias entre países: aquellos más proclives a avanzar en proceso de integración son los que han firmado menos acuerdos comerciales, denotando cierta demanda insatisfecha que debería ser adecuadamente canalizada por los gobiernos. Un resultado complementario muestra que la opinión respecto a la inversión extranjera directa es esencialmente positiva: 71% de los latinoamericanos dice que el capital extranjero es beneficioso para las economías locales, mientras que solo 15% cree que es perjudicial.

Claramente estas corrientes de opinión no reflejan todos los aspectos de proceso que, de por sí, son sumamente complejos. Un ejemplo interesante surge cuando se formulan preguntas a los encuestados relativas a los esfuerzos necesarios para mejorar la conectividad física de la región. En este caso, a pesar de la coincidencia respecto a las insuficiencias existentes en esa materia, la voluntad efectiva de pagar impuestos o tomar préstamos para mejorar esa dimensión de la integración, medida en una escala de 1 a 10, alcanzó apenas a 3,8 en el promedio regional. Es decir, la integración aparece como un objetivo deseable, pero hay poca propensión a asumir costos, en este caso para expandir la infraestructura.

Un resultado sorprendente está relacionado con cuáles son los beneficios que se perciben de la integración: 4 de cada 10 latinoamericanos afirman que la integración ha tenido un impacto positivo en mejorar su acceso a la tecnología. Esto significa que estos procesos son apreciados en un plano muy concreto de beneficios, por ejemplo, aquellos relacionados con el acceso a nuevas tecnologías que brindan mejorías a las personas. De hecho, al relacionar esta pregunta con los aspectos más destacados de esas tecnologías, lo que aparece más valorado es su potencialidad para mejorar la asistencia sanitaria y la salud. Vivir en un mundo conectado significa para los latinoamericanos una posibilidad concreta de mejorar la calidad de su existencia.

Es interesante notar que el estudio muestra que los latinoamericanos ya no asocian la integración exclusivamente con los tradicionales aspectos del comercio. Son conscientes de que deben establecerse relaciones más inteligentes y complejas entre sus países y el resto del mundo. Sus demandas de integración son las de procesos de alta calidad, que contribuyan a mejorar sus vidas.

La Ronda Doha: la cuestión del desarrollo

La presentación del Profesor Y.S. Lee, Director del Instituto de Derecho y Desarrollo se centró en un análisis de la Ronda de Doha de la OMC. Observó, en primer lugar, que esa Ronda tiene como objetivo clave avanzar en la facilitación del desarrollo. Este hecho es un resultado natural de la progresiva adhesión de los países en desarrollo al sistema multilateral de comercio; muchas de las cuestiones que les afectan en su relacionamiento con el resto del mundo pasaron a formar parte de una agenda orientada a establecer las reglas globales del intercambio. En rigor, en los mismos principios fundacionales de la OMC quedó grabada la necesidad de asegurar que los países en desarrollo participen del crecimiento del comercio mundial, incluyendo disposiciones para otorgarles tratamiento diferencial y más favorable, con especial atención a aquellas naciones menos desarrolladas. Sin embargo, esto también elevó las complejidades de la negociación, hasta el grado de que 15 años después de su inicio es difícil predecir una conclusión efectiva del proceso. Como es sabido, esa parálisis ha dado lugar a la emergencia de iniciativas regionales donde participan países desarrollados y solo un grupo escaso de países en desarrollo, notablemente el Acuerdo Trans-Pacífico y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (conocidos por sus siglas en inglés, TPP y TTIP).

Ahora bien, de acuerdo con el Profesor Lee, a pasar del énfasis sobre el desarrollo incorporado como uno de los ejes de las disciplinas surgidas en el marco de la OMC, en la práctica se habrían venido registrando serias deficiencias en su promoción efectiva. Un ejemplo notorio es la cantidad de excepciones que involucran el comercio de productos agrícolas, en muchos casos, muy relevantes para los países en desarrollo.

Después de abordar una descripción del difícil proceso de negociación atravesado hasta ahora, la presentación se concentró en una descripción muy útil de las principales cuestiones regulatorias que tienen una incidencia especial para los países en desarrollo y que siguen siendo objeto de controversia. Entre estas cabe señalar:

  • Los temas relativos a los compromisos arancelarios que incorporen reglas que “faciliten el desarrollo”, basados principalmente en argumentos de industria naciente.
  • La posible incorporación de excepciones en cuanto a la política general de subsidios para países en desarrollo, dentro de ciertos rangos de ingreso.
  • Las flexibilidades que podrían otorgarse en relación al uso de instrumentos anti-dumping.
  • Concesiones que podrían hacerse a los países en desarrollo respecto a las medidas que afectan a la inversión y que pueden tener impactos sobre el comercio (contenidas en el Acuerdo TRIM, por sus siglas en inglés[1]).
  • Una posible diferenciación en cuanto a las regulaciones atinentes a la propiedad intelectual, contenidas en el Acuerdo TRIPS (por sus siglas en inglés[2]), que deberían ser consideradas en el contexto del proceso de desarrollo.
  • El establecimiento de un sistema de preferencias para los países menos desarrollados.
  • La operación del mecanismo de resolución de disputas en atención a cómo este puede facilitar el desarrollo.

Todas estas cuestiones apuntarían a cierta fragmentación del sistema que regula el comercio internacional, la cual reflejaría heterogeneidades entre los países desarrollados y en desarrollo. Por lo tanto, no es extraño que hayan generado innumerables dificultades de negociación siendo que el propósito del sistema multilateral es mantener un alto grado de coherencia en las reglas. De cualquier manera, parece claro que esos obstáculos encontrados en el curso de la Ronda van en detrimento principalmente de los mismos países en desarrollo. Al no alcanzarse equilibrios acerca de estas cuestiones en el espacio multilateral de negociación, sus posibilidades de lograrlos en hipotéticos espacios regionales segmentados son, probablemente, aun menores, dado que su poder de negociación individual es pequeño. En definitiva, la falta de progreso en el espacio multilateral es una de las grandes carencias que está afectando al desarrollo armónico del comercio mundial, en detrimento de los países de menores ingresos y con estructuras económicas menos propensas a la innovación.

 

Los estándares privados y el comercio internacional

Moshe Hirsch, Profesor de Derecho Internacional de la de Universidad Hebrea de Jerusalén, abordó un tema de singular importancia para los países en desarrollo exportadores en bienes alimenticios y en el cual también se percibe una tensión con las actuales reglas del sistema multilateral de comercio: la proliferación de estándares privados. En años recientes, cadenas internacionales de comercialización, vinculadas a grandes supermercados en países desarrollados, han establecido normas propias que afectan la comercialización de productos como frutas y vegetales frescos o de distintas variedades de productos cárnicos. La aplicación de estas normas se realiza en una zona gris en relación a las obligaciones previstas en el sistema multilateral, en particular en los acuerdos referidos a Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y a Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Surge la cuestión de cuáles serían las obligaciones de los Estados miembros de la OMC respecto de las normas adoptadas por esos agentes privados.

Cabe notar que estas normas privadas tienden a convertirse de facto en verdaderas “normas de la industria”, más allá de que no sean jurídicamente vinculantes. Esto está relacionado con el hecho de que quienes las aplican controlan porciones significativas del poder de compra y ejercen de hecho una influencia en los flujos del comercio. Aunque estas normas pueden contribuir a llenar vacíos de regulación, también pueden actuar como barreras no arancelarias, imponiendo costos que, sobre todo empresas pequeñas y medianas de países en desarrollo no pueden cubrir por insuficiencias financieras o técnicas.

En el seno de la OMC, algunos países han argumentado que la implementación de las normas privadas actúa como una barrera para sus exportaciones, la cual no estaría justificada necesariamente en los objetivos previstos por el acuerdo MSF (la protección de la vida y la salud animal, vegetal y humana). La discusión generada no ha logrado resolverse, remitiéndose a la cuestión de si este tipo de normas están cubiertas en los criterios generales establecidos por el acuerdo MSF. Si estuviesen contempladas allí, esto establecería obligaciones para los propios Estados en que opera la entidad que aplica el estándar privado; específicamente, ese gobierno debería garantizar la coherencia de esa norma con el acuerdo MSF.

En una perspectiva favorable a la posición de los países en desarrollo, el Profesor Hirsch argumenta, recurriendo a otras normas del derecho internacional, que los Estados deberían estar obligados a una “debida diligencia” para evitar que entidades privadas que operan en su propio territorio efectúen acciones que puedan lesionar los derechos legales de otros Estados. Las razones para que los gobiernos deban asumir esa obligación (que buscaría garantizar la coherencia de la norma privada con el acuerdo MSF) no se limitarían al hecho de que las entidades que aplican la norma asumen una naturaleza público-privada, sino también a que el objetivo general de la OMC es lograr un balance entre la liberalización comercial y otros objetivos. Entre estos, cabe mencionar el desarrollo de todos sus miembros.

 

Estos son solo algunos de los temas abordados en la Conferencia, la cual fue una excelente ocasión de debate sobre temas fundamentales para que el sistema jurídico sea un motor efectivo de desarrollo económico.

[1] TRIM: Trade-related investment measures.

[2] TRIPS: Trade-related aspects of intellectual property rights.

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