Por: Santiago Martino

La irrupción de las energías renovables en las agendas regionales: el caso del Mercosur.

El célebre Informe Brundtland, publicado en 1987, fue el primero en advertir seriamente que las fuentes naturales que garantizan la supervivencia de la especie humana estaban siendo utilizadas irresponsablemente, y en consecuencia, se estaban agotando. Inclusive, llegó a aconsejar que el siglo XXI debía ser un siglo basado en energías renovables (Informe Brundtland, 1987).

Hoy, tres décadas después, a pesar de aquellas advertencias, la mayoría de los países en el mundo sigue aplicando un modelo de desarrollo propio del siglo XIX que, consolidado filosófica e institucionalmente desde entonces, promueve un estilo de vida basado en patrones de producción y consumo insostenibles. El Papa Francisco calificó a ese estilo de vida como “un comportamiento ligado a la cultura del descarte, en donde tanto los seres humanos excluidos como las cosas se convierten rápidamente en basura, generando una sola y compleja crisis socioambiental” (Laudato si, 2015).

Esta situación llevó a que en el año 2015 se alcanzaran un conjunto de históricos acuerdos para responder a las múltiples crisis que simultáneamente vive el planeta en materia de desarrollo. Los focos de desigualdad e inestabilidad, las crecientes brechas entre ingresos y productividad y los riesgos ante las variadas manifestaciones del cambio climático materializaron el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- y 169 metas) y la Agenda de Acción de Addis Adeba, que conjuntamente proponen un cambio de paradigma en torno al desarrollo; paradigma que desde entonces irrumpe con cada vez más fuerza en las agendas políticas y legislativas de todos los organismos internacionales, bloques regionales, gobiernos nacionales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo.

Para que estos ambiciosos programas mundiales puedan alcanzarse se han consensuado dos requisitos básicos: el crecimiento económico de los países en desarrollo y un cambio en el uso de la energía a nivel global. Según el séptimo objetivo de desarrollo sustentable (ODS) de la Agenda 2030, la energía es central para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos y para aumentar los ingresos (ONU, 2018).

Actualmente, el contexto internacional actual está caracterizado por una mayor demanda de energía, el agotamiento de los escasos recursos fósiles, la volatilidad de los precios y una toma de conciencia cada vez más masiva sobre el cuidado del medio ambiente. Según el World Energy Council, el desafío global en materia energética se resume en el “trilema energético”, que está compuesto por tres aspectos: la seguridad energética, la sustentabilidad ambiental y la equidad energética (WEC, 2018).

Las energías renovables equilibran considerablemente este trilema. Como dice el séptimo ODS, son una oportunidad para transformar vidas, economías y el planeta (ONU, 2018, 27). Primero, son ilimitadas. Segundo, tienen costos decrecientes, es decir, generan ahorro a largo plazo. Tercero, otorgan independencia energética, lo que en términos políticos se traduce en mayor soberanía. Por último, cuentan con el soporte jurídico del Acuerdo de París y la Agenda 2030, ambos firmados por prácticamente la totalidad de la comunidad internacional y que resaltan la promoción de las energías renovables en las políticas en torno al cambio climático, entre las que se encuentran las orientadas a la transición energética.

Es por eso que en los últimos años se viene invirtiendo considerablemente en energías renovables a nivel mundial. Según la Internacional Energy Agency, la demanda en energías limpias aumentará un 40% hasta el año 2040, particularmente en los países emergentes (IEA, 2017).  Además, según el Instituto Mckinsey, el rubro se ubica a la vanguardia de la revolución tecnológica actual, y como consecuencia, su productividad mundial se va a poder aumentar entre un 40% y un 70% (Instituto Global Mckinsey, 2017). Aunque el costo de generación eléctrica a partir de energía solar y eólica esté bajando vertiginosamente, el sector es intensivo en capital y nueva tecnología, al punto que en 2017 la energía solar fue la tecnología líder en el mundo, atrayendo un monto de 160.800 millones de dólares en inversiones (CEPAL, 2018, 182).

 

Las energías renovables en América Latina: el caso del MERCOSUR

En América Latina y el Caribe el sector energético es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Según la Red de Políticas de Energía Renovable para el siglo XXI (REN21), la región está lista para un despliegue aún mayor del que ya existe de energías renovables (REN21, 2018). La energía limpia en el continente representa un 11% de la oferta total primaria, y de ese 11% un 70% proviene de la generación hidro-eléctrica. Sin embargo, esta puede ser problemática en un contexto con mayor cambio climático y mayor probabilidad de sequías. (CEPAL, 2018, 181).

Es por eso que los últimos años las energías renovables no convencionales, principalmente la eólica y la solar, han ganado relevancia dentro de la capacidad instalada regional (CEPAL, 2018, 183). La Bloomberg New Energy Finance calificó al mercado latinoamericano como “amigable” y es por eso que las energías renovables representaron el primer y el segundo lugar en absorción de inversiones extranjeras en 2016 y 2017 respectivamente (BNEF, 2018). Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a pesar de que en el año 2017 la inversión extranjera directa (IED) en la región disminuyó, aumentó en energías renovables, siendo este el rubro más dinámico de la última década” (CEPAL, 2017, 2).

Es a partir de este contexto que el MERCOSUR adquiere suma relevancia, ya que es un proceso de integración asentado sobre un territorio de quince millones de Km2, con una gran disponibilidad de recursos naturales y una alta diversidad geográfica, climática, social y natural, lo que permite múltiples variantes de inversión, uso y producción en energías renovables. De hecho, los miembros del MERCOSUR no son para nada ajenos al uso de energías renovables.

Argentina ha modificado recientemente sus regulaciones, en donde la ley 27.191 se plantea como objetivo cubrir un 20% de la matriz energética con energías renovables para el año 2025, y en donde el Plan RenovAr presenta un esquema de incentivo sin subsidios, siendo las licitaciones y las subastas los dos medios por los cuáles se canalizan las inversiones. En estos momentos, bajo el plan, hay 3.700MW eólicos adjudicados.

El país es calificado como “óptimo” para invertir en energías renovables. El Noroeste Argentino (NOA) es probablemente una de las mejores zonas de radiación solar en el planeta y las costas del océano Atlántico que recorren la Patagonia son únicas en el mundo para producir energía eólica. Dos ejemplos. En la localidad de Cauchari, en la provincia de Jujuy, a 4.000 metros de altura, va a funcionar un parque solar de 7oo hectáreas, que va a ser el más grande de América Latina. En la provincia de San Luís los parques solares de “Caldenes del Oeste” y “La Cumbre” contribuyen con 23MW y 22MW respectivamente a la matriz energética provincial.

La inversión en 2017 alcanzó los 1.800 millones de dólares, convirtiendo a Argentina en el segundo país donde más crecieron las inversiones a nivel mundial. Para 2019 se proyecta un desarrollo que jamás se ha visto, ya que van a instalarse 2000MW nuevos. Según Ramón Fiestas, presidente del Global Wind Energy Council para América Latina, el país puede convertirse en el tercero más importante de la región en energías renovables (ámbito, 2018).

Brasil es el segundo país del mundo en producir energía hidroeléctrica y el cuarto con capacidad instalada de energía eólica, que representa, a su vez, el 60% de toda la región (CEPAL, 2018, 53). A nivel legislativo, el Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA), que es un esquema financiero para la transición energética, ya ha sido adoptado por muchos países en el mundo. En 2017 hubo 6.200 millones de dólares en inversiones extranjeras en el rubro (Bloomberg, 2018). En otras palabras, uno de los miembros del MERCOSUR es una potencia mundial en energías renovables, contando no sólo con herramientas legislativas y programáticas, sino también organizacionales. Su experiencia se convierte así es un aporte fundamental para que el MERCOSUR colabore con el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Paraguay, a pesar del veto presidencial a la Ley de Energías Renovables a finales de 2017, ya dio una clara muestra que en el seno de su sociedad civil existen grupos organizados e institucionalizados que presionan al estado para que asuma esta nueva realidad mundial. Además, como Estado parte del Acuerdo de París, el país se fijó como meta aumentar en 60% el consumo de energías renovables y reducir en 20% el consumo de combustibles fósiles.

Uruguay no será una potencia mundial en energías renovables como Brasil, pero si un modelo mundial a seguir. Según Gema Sacristán, Directora General de Negocios de BID Invest, la ley sobre energías renovables es considerada una vanguardia mundial a nivel legislativo (Sacristán, 2017).

El país ya alimenta el 92,8% de su matriz eléctrica con fuentes renovables, siendo un ejemplo perfecto a nivel mundial de cómo se modifica y orienta la transición de la matriz energética. En este sentido, el Plan Nacional de la Energía (2005-2030), aprobado en 2008, fue respaldado en el Congreso por todos los espacios políticos, convirtiéndose así en una política de estado. Los parques eólicos Palmatir y Carapa, las plantas solares La Jacinta y Yarnel y la construcción del parque eólico Campo Palomas son muestras concretas que la política adoptada está dando sus frutos. Gracias a ello, en pocos años el país no sólo ha dejado de importar energía, sino que exporta su excedente a otros dos miembros del MERCOSUR, Brasil y Argentina.

 

Propuestas pensando a 2030

Visto y considerado brevemente este contexto, podemos afirmar que la política comparada sobre las energías renovables de los miembros del MERCOSUR es un ejercicio de investigación fundamental para potenciar el proceso de integración, no sólo en lo que respecta a la interconexión de la matriz energética regional, sino, sobre todo, para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París y la Agenda 2030. En este sentido, el marco para la implementación de ambos acuerdos es el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, establecido en Mayo de 2016. Este Foro se reúne anualmente y está abierto a la sociedad civil, el mundo académico, los bancos de desarrollo y bloques de integración regional. Para su cumplimiento, el Foro hace las siguientes propuestas.

  1. Fortalecer la arquitectura institucional regional. El MERCOSUR ya cuenta con foros de cooperación, instituciones y normativas que pueden dar impulso a esta propuesta.
  2. Potenciar el análisis, la investigación y el seguimiento de la Agenda 2030. El MERCOSUR cuenta con un nutrido grupo de profesionales y técnicos que pueden aportar hacía el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030. Es necesario absorber laboralmente tanto de manera pública como privada a aquellos que muestran interés en tratar estas temáticas, que además son multi-disciplinarias.
  3. Incorporar los ODS en los presupuestos y leyes nacionales. Esto significaría homogeneizar legislativamente los aportes regionales hacía el cumplimiento de ambos acuerdos.
  4. Buscar conjuntamente las inversiones extranjeras necesarias. Esta tarea, basada en la cooperación, es fundamental para articular una red de distribución energética, la digitalización de la red y la conexión de la misma.

En definitiva, una voz unificada del MERCOSUR en dicho Foro significaría un gran aporte desde América Latina hacia el cumplimiento del Acuerdo de París y la Agenda 2030, ya que la dimensión regional adquiere cada vez mayor relevancia frente a este cambio de paradigma.

 

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