El desarrollo y adopción de las energías limpias, en particular de las fuentes renovables, ha crecido como una estrategia para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. La energía eólica, en este contexto, ha sido uno de los recursos que los países de la región han encontrado para diversificar su matriz energética y lograr una mayor sustentabilidad en la provisión de electricidad. Según los últimos datos del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC), en 2015 el sector de energías limpias tuvo inversiones por US$ 329.000 millones a nivel mundial, con una suba del 4% respecto del período anterior. Para finales de ese año, la nueva capacidad mundial de energía eólica era de 432,9 gigavatios (GW), con un crecimiento acumulado superior al 17% que fue motorizado principalmente por las nuevas instalaciones de China.
Para América Latina y el Caribe, las perspectivas del GWEC son optimistas. Luego del acuerdo de París en la Conferencia Internacional por el Cambio Climático (COP 21), “la demanda de energías limpias, alentadas por la preocupación respecto de la seguridad energética y la diversificación del abastecimiento, promoverá el crecimiento de la energía eólica”, consigna un informe del GWEC. Según este documento, la región alcanzará 30 GW de nueva energía eólica en 2020. En 2015 y por cuarto año consecutivo, el mercado latinoamericano instaló alrededor de 1 GW de nueva capacidad.
Lo cierto es que la región está diversificando su matriz energética con la incorporación de fuentes renovables, como la solar, la eólica y biomasa. Uruguay comenzó ese proceso en 2005. Por entonces, “teníamos un retraso de 15 años sin inversiones en infraestructura del sector eléctrico y vulnerabilidad por la fuerte dependencia de la energía hídrica y la elevada importación de petróleo”, recuerda Olga Otegui, Directora Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Para revertir esa situación, se trabajó en varios frentes: se exploró el desarrollo energético con recursos propios y renovables; se ajustó el marco normativo local para incorporar las nuevas fuentes de energía renovables a la matriz de electricidad; se estudiaron las regulaciones ambientales que sustentan las energías renovables; se estimuló el financiamiento de las inversiones a esta nueva actividad brindando información a los bancos y se desarrollaron diferentes instrumentos para promover la eficiencia energética. Desde el Estado, “se tomó la decisión de realizar licitaciones anuales para la generación de energía, con el compromiso de asegurar un precio de compra de energía y con contratos a veinte años. También, se apuntó a que haya sinergia con proveedores de insumos y componentes locales”, expresa Otegui.
A poco más de diez años de haber adoptado esta política, en 2016, sorprendentemente, el 22% de la generación de energía eléctrica del país proviene del viento. Para finales de este año, se estima tener una potencia instalada de 1.500 MW y más de veinte parques eólicos en operación. “Logramos también bajar las importaciones de petróleo: antes, las compras de petróleo representaban el 60% de la energía y actualmente son del 37%”, señala la funcionaria.
Ahora, los desafíos pasan por mantener y optimizar lo realizado. Uno de los ejes es la generación de otro tipo de demanda para las fuentes renovables, como es el transporte, con flotas de taxis y colectivos eléctricos. “Estamos realizando una prueba piloto con una flota de siete taxis eléctricos -ejemplifica Otegui-. Hoy ya tenemos una buena oferta de energías renovables, por lo que hay que asegurar la demanda.”
En el caso de México, la energía eólica representa el 4,5% de la capacidad instalada y un 3,05% de la generación de energía eléctrica. De acuerdo con la secretaría de Energía mexicana, el país se trazó como meta que en 2018 el 20% de la generación eléctrica provenga de energías limpias, con un crecimiento al 30% para 2012 y al 35% en 2024. Durante la primera mitad de 2016, además, entraron en operación más de 432 MW provenientes de centrales eólicas, “lo que representa un incremento del 15,68%”, sostiene un informe de la Secretaría.
A finales 2012 México inició la reforma de su sector energético que permitió la participación de inversiones privadas en la fase de generación de energía eléctrica y desarrolló diversos incentivos y exigencias de consumo de energías limpias a los grandes usuarios. “Con la Reforma, el compromiso del Gobierno es hacer subastas de energía todos los años, con lo cual hay certidumbre y previsibilidad para atraer inversiones a este sector”, afirma Héctor Treviño, Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee). Las proyecciones, según el ejecutivo, son “prometedoras”. El sector de energía eólica cerró el año pasado con 3.500 MW que son generados en parques localizados en diez estados del país, “mientras que en 2018 prevemos llegar a 6.000 MW en centrales de ubicadas en 14 estados”, apunta Treviño. La proyección a 2020 es alcanzar los 12.000 MW, con 50 parques de distinta capacidad distribuidos en 17 estados de México”, señala. Según Treviño, “estos 12.000 MW van a generar 45.000 empleos directos e indirectos”.
En la Argentina, por otra parte, la ley 27.191 de energías limpias también establece metas a la demanda: para finales de este año, el 8% del consumo de energía eléctrica debe provenir de fuentes renovables. “La matriz energética eléctrica argentina se compone en un 63,3% de energía térmica, seguida de la energía hidráulica que representa un tercio de la matriz -consigna un informe de la Dirección Nacional de Políticas Sectoriales-. El peso actual que tienen las energías alternativas en la matriz no logra aún niveles elevados, pero comienza a cobrar mayor relevancia, representando la generación de energía nuclear el 4,8% y las energías eólicas y solar el 0,4% del total. Respecto al consumo, las energías renovables aportan el 1,9% del total.”
En este marco, el Programa Renovar ya realizó dos licitaciones. “Este programa adjudica contratos de abastecimiento para la generación de energía eléctrica de fuentes renovables y, en sus dos rondas, otorgó 1472,9 MW de potencia eólica y 916,2 MW de potencia solar fotovoltaica -continúa el informe oficial-. El total de ofertas adjudicadas se compone de 22 proyectos eólicos y 24 proyectos solares distribuidos a lo largo de todo el país.”
Según Rubén Fabrizio, Director Ejecutivo del Clúster Eólico de la Argentina, que integra a la cadena de valor de la industria eólica (como fabricantes locales de componentes, torres, generadores y palas), “la actividad estaba postergada, a pesar del potencial que tiene el país; prácticamente, no había actividad”. El ejecutivo dice que “se están empezando a realizar las compras de la primera de las dos subastas”.
“La Argentina podría exportar la tecnología propia a los países de América Latina -agrega Fabrizio-. Pero será en el mediano plazo, una vez que haya una demanda interna sostenida. Así, la industria fabricante puede generar escala, desarrollarse y mejorar sus técnicas de producción. Luego, se podría exportar: por ejemplo, podemos vender equipamiento, como las torres o el propio generador, y aspiramos poder instalar un parque eólico llave en mano. La oportunidad está, porque ahora hay un marco normativo que prevé crecimiento sostenido a diez años en la demanda de energías alternativas.”
El Wind Power Databse indica que la Argentina tiene 24 parques eólicos en operación. El más importante es Parque Arauco, situado en la provincia de La Rioja, que fue inaugurado en 2011. Actualmente tiene una capacidad cercana a 100 MW y prevé incrementarla a 400 MW.
Impacto en el empleo
Los entrevistados coinciden en que la energía eólica genera mayor volumen de empleo en la fase de construcción de los Parques. “Esta industria es mano de obra intensiva, tiene empleos de mayor calificación y paga sueldos por encima del promedio, como cualquier otra actividad que produce bienes de capital”, señala Fabrizio, del Clúster Eólico de la Argentina. “Las estadísticas europeas indican que se generan entre 14 y 18 puestos de trabajo en la industria por cada megavatio instalado”, afirma.
La funcionaria uruguaya tiene una visión similar. “Se genera mayor trabajo en la fase de construcción, que suele durar entre un año y un año medio -dice-. Un parque de 50 MW equivale a 900 o 1.000 empleos, tanto directos como indirectos. Pero la operación de un Parque suele demandar unas veinte personas en toda la vida útil del contrato.”
Treviño, de Amdee, apuesta a desarrollar en su país un clúster de proveedores de energía, integrado por fabricantes internacionales y empresas mexicanas. Según el directivo, por cada 100 megavatios se generan 40 empleos directos y 300 indirectos. “Las subastas de energía dan previsibilidad al sector -afirma-. Estamos trabajando con la Secretaría de Economía y ProMéxico para generar una cadena de valor local, desarrollando empresas y capacitando a las personas.”
Junto con la creación de empleos y la capacidad de abastecer el crecimiento económico, los esfuerzos por adoptar las energías limpias pueden tener un impacto positivo en la matriz productiva de la región.