Nos encontramos en medio de la mayor revolución de la información y las comunicaciones de la historia de la humanidad. Más del 40% de la población mundial tiene acceso a Internet, y todos los días se suman nuevos usuarios. Asimismo, en casi 7 de cada 10 hogares ubicados en el 20% más pobre hay un teléfono celular. Es más probable que los hogares más pobres tengan acceso a la telefonía celular que a un inodoro o al agua potable.
El informe “Dividendos Digitales”, del Banco Mundial señala que son los desafíos tradicionales del desarrollo los que impiden que la revolución digital despliegue todo su potencial transformador.
Para muchas personas, la actual expansión del acceso a las tecnologías digitales amplía las opciones disponibles y facilita diversas actividades. A través de la inclusión, la eficiencia y la innovación, el acceso a estas tecnologías brinda oportunidades que antes estaban fuera del alcance de los pobres y de los sectores desfavorecidos.
En Kenia, por ejemplo, el costo de enviar remesas se redujo hasta en un 90% después de la introducción del sistema de pagos digitales M-Pesa. Las nuevas tecnologías facilitan la participación de las mujeres en el mercado laboral, ya sea como emprendedoras en el área del comercio electrónico, en trabajos en línea o en la tercerización de los procesos operativos.
Los 1.000 millones de personas discapacitadas de todo el mundo (el 80% de las cuales habita en países en desarrollo) pueden llevar vidas más productivas con la ayuda de herramientas de comunicación por texto, voz o videos. Asimismo, los sistemas de identificación digital pueden ampliar el acceso a los servicios públicos y privados para los 2.400 millones de personas que carecen de documentos de identificación formales, como las partidas de nacimiento.
Si bien esto representa un gran avance, aún son muchos los que quedan relegados porque no tienen acceso a las tecnologías digitales. Quienes viven en la pobreza extrema son los que más beneficios pueden obtener con una mejora en las comunicaciones y con la ampliación en el acceso a la información. Casi 6.000 millones de personas no tienen Internet de alta velocidad, por lo que no pueden participar plenamente en la economía digital.
Para lograr el acceso universal a estas tecnologías, el texto insta a invertir en infraestructura e implementar reformas que generen mayor competencia en los mercados de las telecomunicaciones, promuevan las asociaciones público-privadas en el marco de una regulación eficaz.
Para hacer realidad todos los beneficios de la transformación de la información y las comunicaciones, los países deben mejorar el clima para los negocios, invertir en la educación y la salud de su población y promover buenas prácticas de gobierno.
Los países que complementan las inversiones en tecnología con reformas económicas más amplias obtienen dividendos digitales en la forma de mayor crecimiento, más empleo y mejores servicios.
