Una revisión del flujo de datos y las reglas de privacidad entrarán en vigor en la Unión Europea en mayo. Las Reglas Generales de Protección de Datos (GDPR) pretenden ofrecer a los ciudadanos de la UE más control sobre cómo se utilizan sus datos, a la vez que permiten la libre circulación de datos y la promulgación de normas más estrictas para las empresas. También se está debatiendo en las instituciones del bloque una propuesta legislativa de la UE, destinada a abolir los requisitos de localización de datos no personales.
Se espera que este último impuesto tenga implicaciones significativas para las grandes empresas de tecnología, y es parte de los intentos del bloque de establecer un nuevo ámbito en los sistemas impositivos entre los miembros de la UE.
La propuesta de la Comisión Europea para un impuesto digital, que según los expertos podría tener implicaciones significativas para empresas como Google, Facebook y Apple, podría generar una contribución anual adicional de 50 mil millones de euros al presupuesto del bloque europeo.
El ejecutivo de la UE ha presentado una doble propuesta: en primer lugar, permitir a los miembros de la UE la posibilidad de aplicar impuestos sobre los beneficios de las plataformas digitales con “presencia digital gravable”, sujeto a ciertas condiciones. Una segunda propuesta implica un “impuesto interino” que cubre los ingresos publicitarios generados por las empresas digitales, las tarifas recaudadas por los usuarios y suscriptores, y los ingresos obtenidos de la venta de datos personales a terceros.
Los funcionarios de la UE argumentan que la digitalización provocó discrepancias injustas en el tratamiento fiscal de las empresas digitales en comparación con las empresas tradicionales. Las empresas digitales se benefician de los servicios públicos y la infraestructura, como la conexión a Internet de alta velocidad, pero no pagan “su parte justa de impuestos” en los países donde operan. Según la Comisión, la carga impositiva efectiva para las empresas tradicionales es del 23 %, mientras que para las empresas digitales esta cifra es solo del 10 %.
Según las reglas actuales, una empresa solo puede gravar sus ganancias en un país si tiene una presencia física, como oficinas o fábricas, pero no si solo hace sus negocios en ese país digitalmente. Una de las propuestas de la Comisión cambiaría eso, imponiendo impuestos en cambio si la compañía supera ciertos umbrales de ingresos en estados miembros individuales de la UE, o excede otros umbrales como cantidad de usuarios o contratos comerciales para servicios digitales.
Con respecto a las Reglas Generales de Protección de Datos (GDPR) que se adoptaron formalmente en 2016, ahora están listas para entrar en vigor y se puede hacer cumplir a partir del 25 de mayo e introducirá reglas más estrictas para que las empresas obtengan el consentimiento del cliente sobre el uso de datos personales.
Según el nuevo reglamento, las empresas tendrán que “demostrar que el interesado ha consentido en el procesamiento de sus datos personales”. Yendo más allá de los términos y condiciones habituales, las empresas en línea deben formular un acuerdo de usuario en una “forma inteligible y de fácil acceso”, y también utiliza un “lenguaje claro y sencillo”. En la disposición comúnmente conocida como “el derecho al olvido”, los ciudadanos de la UE pueden solicitar a las empresas que comuniquen y eliminen información personal. El nuevo régimen también exige que las empresas informen infracciones de datos dentro de los tres días. Las empresas que se ocupan de “la supervisión sistemática de los sujetos de datos a gran escala” deben tener un oficial de protección de datos en su organización. También aumenta significativamente las multas por incumplimiento. El alcance del GDPR es internacional y se aplica a cualquier empresa que ofrezca servicios en la UE, independientemente de dónde se encuentre ubicada su oficina central.
La estrategia emblemática del Mercado Único Digital, adoptada en mayo de 2015, incluyó acciones clave para facilitar el comercio digital transfronterizo e integrar el bloque en la economía digital más amplia. Las iniciativas van desde la ciberseguridad hasta el comercio electrónico, la distribución de paquetes, las normas de telecomunicaciones y derechos de autor, y el comercio digital transfronterizo. Si se completa, los defensores dicen que el mercado único digital facilitaría el comercio intracomunitario y reduciría los costos para las empresas más pequeñas.