Por: Ximena Abeledo

¿Quién gana y quién pierde con un puente, una autopista o un puerto? ¿Cómo medir los efectos cuando involucran a varios países?

Estas son algunas de las cuestiones que analiza la nota técnica “Evaluación Socioeconómica de proyectos de infraestructura de integración regional”, elaborada por Javier Campos y Ofelia Betancor, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Constituye un material de sumo valor para el propio BID cada vez que se evalúan préstamos de inversión en infraestructura, así como para la comunidad técnica y funcionarios dedicados a este sector.

Como definición, los proyectos de inversión multinacionales de integración son aquellos que involucran al menos dos países. Algunos de estos proyectos se realizan en un solo territorio, pero tienen efecto en el otro, por ejemplo, un aeropuerto; y otros involucran a ambas naciones con frontera compartida, como lo es un puesto fronterizo o una ruta.

Por lo tanto, los costos sociales serán todos aquellos vinculados en forma directa a la construcción de ese proyecto y a la operación posterior del mismo, independientemente de dónde esté ubicado.

“La mayoría de los beneficios sociales serían – además de las ganancias tradicionales para consumidores y empresas en términos de precios, tiempos de viaje (en proyectos de transporte), seguridad del suministro (en proyectos de interconexiones eléctricas o de gas natural), y/o nuevos productos y servicios, – todos aquellos beneficios que estuviesen particularmente asociados a cambios en los flujos del comercio internacional o a la movilidad de factores productivos entre los países”, explica el documento del BID.

Para ahondar todavía más en este tema, los especialistas que elaboraron el informe buscaron ejemplos de regiones multinacionales que pusieron en marcha distintas iniciativas.

Relación conceptual entre proyectos multinacionales y el desarrollo económico:

Experiencia regional

En América Latina en particular, el trabajo del BID destaca la iniciativa IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), establecida en el año 2000 como instancia de discusión política y estratégica en la planificación e implementación de la integración de la infraestructura del cono sur, en compromiso con el desarrollo social, económico y ambiental.

La “Cartera de Proyectos para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” está compuesta por proyectos de transporte, energía y comunicaciones que promueven la conectividad regional y generan desarrollo económico y social sustentable para América del Sur. La conformación de esa cartera fue posible a partir del desarrollo y la aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa, a partir de 10 Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs).

Los EIDs permitieron identificar y consensuar proyectos de infraestructura de integración bajo una visión común de los doce países que integran la región, en el marco de un proceso de planificación territorial indicativa.

El diálogo permanente entre los países es una instancia fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos territoriales. Este año se han reunido Argentina y Chile para avanzar en una agenda común, así como también Perú y Bolivia analizaron temas relacionados a fronteras, medio ambiente y conectividad.

Experiencia europea

Los 28 países miembros de Europa han diseñado y ejecutado proyectos de infraestructura dentro de las llamadas redes transeuropeas. “La promoción de proyectos transeuropeos comenzó en el año 1996 a raíz de la firma del Tratado de Maastricht (Consejo Europeo, 1995), dándose prioridad a los transportes, las telecomunicaciones y la energía con el fin de contribuir al mejor funcionamiento del mercado único europeo y reforzar la cohesión económica y social entre las distintas regiones. Se trata de las redes transeuropeas de transporte (TEN-T), energía (TEN-E) y telecomunicaciones (TEN-Telecom)”, indica la nota técnica del BID.

En 2013 se volvieron a revisar los objetivos de las redes, estableciéndose que: “(…) La red transeuropea de transporte reforzará la cohesión social, económica y territorial de la Unión y contribuirá a la creación de un espacio único europeo de transporte eficiente y sostenible, que aumente las ventajas para sus usuarios y respalde un crecimiento integrador.” Por tanto, se establecen cuatro objetivos básicos para los proyectos de infraestructura incluidos en las redes: cohesión, eficiencia, sostenibilidad, y aumento de beneficios para los usuarios.

Por otro lado, para poder dar seguimiento a los costos y beneficios de estas redes, se utilizan 3 mecanismos:

-El manual de referencia denominado Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (2014). Esta guía busca armonizar la metodología de evaluación económica de proyectos susceptibles de recibir financiación del Fondo de Cohesión y del Fondo de Desarrollo Regional.

-El documento Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (2006). Esta guía de evaluación para inversiones en transporte fue desarrollada en el proyecto europeo de investigación HEATCO.

-El Banco Europeo de Inversiones (BEI) basa su metodología de evaluación en el documento Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB (2013), un manual que afecta por igual a todos los sectores en los que se desarrollan proyectos susceptibles de recibir financiación de la entidad.

Guías y manuales

Fuera de Europa, los alcances regionales han sido limitados, destaca la nota técnica del BID. Sin embargo, se han elaborado otras guías que proponen distintos criterios de evaluación.

Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo utiliza el manual Cost-Benefit Analysis for Development: a Practical Guide (2013). En él se sugiere, por ejemplo, calcular la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN) de cada proyecto tanto para la región o conjunto de países afectados, como para cada uno de ellos a nivel individual.

A su vez, el BID cuenta con su propio Manual de evaluación económica de proyectos de transporte (2006), con una sección sobre proyectos multilaterales. “Se plantean los principales problemas que afectan a su financiación y que se derivan de una distribución asimétrica de beneficios y costes. Se advierte, asimismo, de la posible aparición de incentivos perversos que lleven a la promoción de proyectos de interés local pero no de interés regional, y sobre la necesidad de reflexionar con respecto a qué infraestructuras necesita América Latina en su conjunto”, detalla el documento elaborado por Javier Campos y Ofelia Betancor.

En tanto, el Banco Mundial tiene una larga historia en la aplicación de la metodología reflejada en el Handbook on Economic Analysis of Investment Operations (1997).

Según remarca la nota técnica del BID, que los organismos multilaterales participen como organizaciones neutrales externas en los proyectos multilaterales, es clave para generar mejor impacto sobre el bienestar social y evitar los conflictos de intereses.

Por otro lado, también es fundamental que se realice en forma correcta la preselección de proyectos, y en este sentido la definición de los criterios de elegibilidad debe estar bien fundamentada. Dice el documento: “El compromiso debe estar precedido de un ajuste de expectativas sobre lo que es factible o no hacer, por lo que debe abarcar acuerdos sobre la cuantía de los fondos disponibles, sobre los criterios para la asignación relativa de dichos fondos entre los distintos tipos de proyectos, regiones o países, y sobre las condiciones específicas de financiación en cada caso”.

FUENTE: Adaptado de De Rus et al. (2010).

En general, un proyecto de infraestructura no genera resultados equitativos para todas las partes. Suelen salir algunos más beneficiados que otros y son raras las ocasiones en las que todos involucrados ganan o lo hacen en la misma cuantía. Para determinar esos beneficios y costos -y analizar cómo se distribuyen-, generalmente se consideran las dos dimensiones básicas de la equidad reflejadas en este cuadro:

Fuente: Fuente: Adaptado de Van Wee (2011, 2013).

“La coordinación vendrá facilitada en la medida que los países afectados se involucren y muestren voluntad política de lograr mayores niveles de integración. Existen proyectos especialmente sensibles por condicionantes históricos y/o políticos. Los proyectos se llevarán a cabo más fácilmente si estos condicionantes se superan”, recomienda finalmente la nota técnica del BID.